sábado, mayo 14, 2022

Costa Rica declara emergencia publica a raiz del ataque informatico de Conti.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien tomó posesión del cargo hace unas semanas, declaró estado de emergencia nacional en su país para hacer frente a ciberataques contra instituciones públicas.

Se trata del Decreto 43542. La norma dice que "Se declara estado de emergencia nacional en todo el sector público del Estado costarricense, debido a los cibercrímenes que han afectado la estructura de los sistemas de información de distintas instituciones del país". 

En el decreto, de siete artículos, se señala que la declaratoria de emergencia comprende todas las acciones, obras y servicios necesarios para "poder contener, solucionar y prevenir" nuevos ataques en contra de los sistemas de información del Estado.

En abril de 2022 el anterior Gobierno de Costa Rica confirmó un ciberataque en la plataforma digital del Ministerio de Hacienda, que llevó a que servicios aduaneros y de declaración de impuestos quedaran suspendidos temporalmente, así como el funcionamiento de sistemas financieros internos entre instituciones y de pago de planillas en entidades como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Ministerio de Educación, donde trabajan unos 85.000 funcionarios. Los ataques también tuvieron como objetivo el sistema de recursos humanos de la Agencia de Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo.

El ciberataque habría sido ejecutado por un grupo denominado Conti. La semana pasada, el Gobierno de EE.UU. anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares para quien ofrezca información que permita identificar o ubicar a sus integrantes.

jueves, abril 21, 2022

A Conversation with IAPP Vanguard Award Winners

 The IAPP Vanguard Award recognizes IAPP members each year who have scaled new heights in leadership, knowledge and creativity in the field of privacy. This year, for the first time, we have selected five winners, representing five regions of our global community (Asia, EMEA, Latin America, Oceania and North America). In this LinkedIn Live event, IAPP President and CEO J. Trevor Hughes, CIPP, talks with the winners of the most prestigious award in privacy.

To view this video on LinkedIn, click here. To access all IAPP LinkedIn Live videos, click here. Access the IAPP's LinkedIn profile here.


Fuente original


viernes, abril 15, 2022

IAPP Vanguard Awards 2022

IAPP Vanguard Awards 2022

IAPP Vanguard Awards honor privacy professionals whose pioneering work is helping to shape the future of privacy and data protection.

The IAPP is pleased to present this 2022 Vanguard Award to an exceptional individual in each of the following regions: EMEA, Asia, Oceania, North America, and Latin America.

EMEA: Dan Or-Hof, Owner of Or-Hof Law and founding member of Strand Advisory.

Asia: Abhishek Tiwari, Manager of IT Advisory and Digital Consulting for KPMG.

Oceania: Anna Johnston, Principal with Salinger Privacy.

North America: Barbara Lawler, Chief Operating Officer and Senior Strategist at the Information Accountability Foundation.

Latin America: Pablo Palazzi, Partner at Allende & Brea.

Learn about the winners’ accomplishments and remarkable careers here.

ABOUT THE AWARDS

The IAPP recognizes five Privacy Vanguard Award winners, one from each of these geographical regions: EMEA, Asia, Oceania, North America (US and Canada) and Latin America (including Mexico). The winners will have demonstrated exceptional leadership, knowledge and creativity in privacy and data protection.

Winners are formally celebrated at special awards presentation ceremonies at the IAPP Global Privacy Summit, IAPP Europe Data Protection Congress, the ANZ Summit and Asia Privacy Forum. They receive distinctive IAPP keepsakes commemorating their achievements and are recognized in IAPP publications.

THANK YOU TO OUR 2022 JUDGES

Cathy Baena, CIPP/E, CIPM, FIP, Global Digital and Privacy Counsel, Glaxo Smith Kline

Maria Flores Sueiro, CIPP/E, CIPP/US, CIPM, CIPT, FIP, Global Data Protection Lead, RELX

Nick Ginger, CIPP/E, IPP/US, CIPM, FIP,  Privacy Counsel at Major, Lindsey & Africa

Emma Pond, CIPP/E, CIPM, FIP, Director, Simply Privacy

Akarsh Singh, CIPP/E, CIPM, CIPT, FIP, CEO & Co-Founder, Tsaaro

ABOUT THE NOMINATIONS

THE IAPP VANGUARD AWARDS ARE NOW CLOSED UNTIL DECEMBER 2022.

Awards nominations are open at the beginning of each calendar year. The nomination of an individual should include a description of the nominee's work, including a short but detailed summary of specific projects or programs (s)he has worked on including innovative projects, substantiated savings, etc. Nominators are required to verify the accuracy of the information provided in the nominations they submit. Nominees may also be required to confirm their information.

Questions? Email awards@iapp.org

lunes, abril 04, 2022

CHILE - proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (2022)

 

  Nº 48/SEC/22

Valparaíso, 25 de enero de 2022.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje, moción, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, correspondiente a los Boletines N°s 11.092-07 y 11.144-07, refundidos:

lunes, febrero 28, 2022

Audiencia pública para la designación de la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) de Argentina

La semana pasada se realizó la audiencia pública para la designación de la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz de Anchorena. Actualmente es Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional. 

El 2 de febrero de 2022 se publicó la noticia por parte de Jefatura de Gabinete en el BO, donde se detallan los antecedentes que se copian mas abajo. El anterior candidato que había propuesto el gobierno no tuvo receptación en la sociedad civil y por eso el gobierno volvió a presentar esta nueva candidata. La audiencia entera dura 5 horas y se puede ver en Youtube.

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
El Poder Ejecutivo Nacional, conforme lo establecen los artículos 20 y 21 de la Ley Nº 27.275, propone para cubrir el cargo de DIRECTORA DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, organismo autárquico en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a la Magíster Beatriz de ANCHORENA (D.N.I. Nº 22.675.513).

miércoles, febrero 23, 2022

NORMAS CORPORATIVAS VINCULANTES (NCV) para Colombia

Mediante decreto 255 del 23 de febrero de 2022 en Colombia se reglamentaron las NORMAS CORPORATIVAS VINCULANTES en materia de tratamiento de datos personales.


lunes, enero 17, 2022

Derecho a la desconexión laboral en Colombia

El 6 de enero de 2022, el Congreso de Colombia profirió la Ley 2191 a través de la cual crea, regula y promueve la desconexión laboral, con el fin de garantizar el goce efectivo del tiempo libre y los tiempos de descanso, licencias, permisos y/o vacaciones para conciliar la vida personal, familiar y laboral.

martes, enero 04, 2022

Después de un data breach el RENAPER adopta Politica de protección de datos

Después de un data breach masivo que podría haber llegado a afectar a todos los ciudadanos de Argentina, y luego de 22 años de vigencia de la ley 25.326 de proteccion de datos personales, el RENAPER adopta Politica de protección (PP) de datos..

Lo bueno de la norma:

- el RENAPER se da una PP para regular sus datos personales.

- La PP sigue de cerca la ley 25.326.

- La PP establece claras obligaciones para amparar los datos.

- Se requiere se nombre  un DPO para Renaper cfr. art. 25 de la PP (primer DPO del Estado?).

- Hay una norma especial para gestión de indicendes de seguridad.

Lo malo:

- la ley 25.326 está vigente desde el 2.000,  es decir que el Renaper, que administra los datos de todos los ciudadanos, tardó 22 años implementar una PP (RENAPER ya contaba con una Política de seguridad de la información del año 2013 que no es lo mismo que una de datos personales).

- el hacking al RENAPEr ya ocurrió.

- la PP implementada podría haber evitado el data breach.

- no hay referencia a transferenica de datos personales en causas penales.

- no hay referencia a transferencia internacional de datos personales.

- el RENAPEr se arroga facultades de prohibir a otras dependencias crear una base de datos similar.

jueves, diciembre 16, 2021

Pase sanitario - Deciden que el app cuidar será obligatoria para ciertas situaciones

 

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN

Decisión Administrativa 1198/2021

DECAD-2021-1198-APN-JGM - Actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario. Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-118361067-APN-DGDYD#JGM, las Leyes Nros. 15.465, 27.491, 27.541, 27.573, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 167 del 11 de marzo de 2021, 678 del 30 de septiembre de 2021 y las Resoluciones Nros. 680 del 30 de marzo de 2020, 2883 del 29 de diciembre de 2020 y 2673 del 29 de septiembre de 2021 del MINISTERIO DE SALUD, su respectiva normativa modificatoria y complementaria, y

sábado, noviembre 06, 2021

Se expande del uso de clausulas contractuales modelo para la transferencia internacional de datos personales

Ya hay muchos ejemplos en el mundo:
Contract builders
Con tanta cláusula modelo aparece el soft para armarlas. Abajo un listado de links con algunos interesantes.
Despues de hacer la lista de arriba me encontré con un post en LinkedIn de Luis Alberto Montezuma que lista numerosas SCC de otras jurisdicicones:

Contractual Clauses Worldwide:
-EU SCCs: https://lnkd.in/eyqZUV5
-ASEAN Model Contractual Clauses: https://lnkd.in/eJJ5G3a
-UK Draft IDTA: https://lnkd.in/eQUhd7WZ
-Dubai International Financial Centre SSCs: https://lnkd.in/eG_g2nCK
-Chapter 8: Australian Privacy Principle 8: https://lnkd.in/exzKX7de*
-NZ Model Contract Clauses: https://lnkd.in/exZ8gi5
-Argentinean SCCs: https://lnkd.in/eNy2yKj
-Uruguayan SCCs: https://lnkd.in/eEU9qDrb (Non-binding)
-Serbian SCCs: https://lnkd.in/et_PYis
-Standard contract formulated by the Cyberspace Administration of China and informatization department of China: https://lnkd.in/eT_uJGZA*
-Swiss SCCs: https://lnkd.in/eHRMMg2k
- Abu Dhabi Global Market SCCs: https://lnkd.in/e6Z4CeBj
-Draft LATAM DPAs SCCs: https://lnkd.in/evifBzAP
-OPC Guidelines: https://lnkd.in/e-x9b9wx*
-Updated Council of Europe model contract: https://lnkd.in/eA6NhGDx
Presentation at the Convention 108 committe about the COE SCC draft, November 15, 2021.
Comments from memeber of Conv. 108 to the draft SCC.

domingo, septiembre 19, 2021

Uruguay - La agencia de datos regula la transferencia internacional de datos personales post Schrems 2

Resolución N° 23/021 del 08/06/2021

Se resuelve sobre la necesidad de actualizar la Resolución Nº 4/019, de 12 de marzo de 2019, sobre los países u organizaciones consideradas adecuadas para las transferencias internacionales de datos, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008.

Montevideo, 8 de junio de 2021.


VISTO: La necesidad de actualizar la Resolución Nº 4/019, de 12 de marzo de 2019, sobre los países u organizaciones consideradas adecuadas para las transferencias internacionales de datos, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008.

viernes, julio 30, 2021

Prólogo para el libro Tópicos de Derecho Informático (Chile, 2021).

 Prologo


La solicitud de mi amigo, el profesor Renato Jijena Leiva, de realizar un prólogo para el libro Tópicos de Derecho Informático que él ha coordinado constituye para mí una nueva oportunidad para manifestar públicamente mi gran afecto y máxima consideración académica hacia el autor y coordinador de esta obra.


El profesor Renato Jijena Leiva enseña Derecho Informático en la PUCV desde 1996 y debe ser considerado un pionero en la materia en su país. Bajo sus cursos han transitado infinidad de alumnos que luego terminan trabajando en empresas, o en la judicatura, o también dictando clases. 


Quienes enseñamos Derecho Informático desde hace mucho tiempo disfrutamos poder ver cómo las nuevas generaciones van incorporando los conocimientos jurídicos que se enfocan en la regulación de la tecnología. Asimismo, venimos viendo cómo estas cuestiones han pasado de ser una “ciencia oculta” que pocos comprendían a algo que se aplica todos los días a las situaciones más banales. 


En los últimos años los estudiantes de Derecho cuentan con la ventaja de ser “nativos digitales”, y de ver y usar  a la tecnología como algo más rutinario que sus generaciones pasadas. Estoy seguro que sin duda eso va a influir en las reglas jurídicas que ellos mismos van a tener que desarrollar e inventar.


Por otra parte, la tecnologización y digitalización de la vida en sociedad, del comercio y de las empresas y sobre todo la presencia de Internet en todos los quehaceres hace que cada vez sean más frecuentes estas cuestiones jurídicas y se presenten en todas las ramas del Derecho.


Tal como explica en detalle el profesor Jijena Leiva en su introducción a esta obra, el Derecho Informático ha atravesado un largo camino de transformación desde la década de los “ochenta” y los “noventa” cuando sólo se dedicaba a  las computadoras que ocasionalmente se conectaban a Internet (si tenían un modem de 2400 bps instalado) y a temas entonces incipientes como privacidad en bases de datos o protección legal del software. Hoy en día el Derecho de Internet, omnipresente y super-abarcador ha devorado al antiguo Derecho Informático y se extiende a cientos de cuestiones en todas las ramas del Derecho. A medida que todo se digitaliza, todo terminará pasando de alguna manera por el Derecho de Internet y de las nuevas tecnologías. Aparecen además nuevas manifestaciones de estas áreas jurídicas con fancy names como ser el Legaltech, el Fintech, el Insurtech e incluso el omnicomprensivo Regtech


Más allá de las novedades que pueden tener estos nuevos términos, lo cierto es que con la pandemia del covid-19 la tecnología llegó para quedarse. Descubrimos a la fuerza las ventajas del trabajo a distancia, de las clases virtuales y de la posibilidad de dar y tomar cursos en forma remota en todo el mundo sin movernos del cómodo sillón de nuestra oficina (ahora nuestra casa). Esto también tiene sus problemas, pero si nos fijamos en las ventajas, el mundo tecnológico salió favorecido con la pandemia por el crecimiento exponencial que tuvo su uso. Todo esto incrementó los problemas legales relacionados con la tecnología y por eso los temas de esta obra son importantes.


Los temas sobre los que versan cada una de las memorias de esta obra son de los más variados y reflejan esta multidiversidad de aspectos característica del Derecho de Internet.


Así encontramos una nota sobre el interés público de los nombres de dominio, otra sobre la responsabilidad de los proveedores de Internet respecto a cuestiones de propiedad intelectual, otra sobre el software y otra sobre el cloud computing en la administración pública, y finalmente cuatro ensayos sobre protección de datos. Estos últimos tratan sobre protección de datos personales del trabajador, los principios y deberes de la ley actual de datos personales, las cookies bajo la ley chilena de datos personales y el GDPR y finalmente, la reciente reforma constitucional chilena en materia de datos personales.


En materia de datos personales Chile tiene una deuda pendiente desde hace tiempo para la aprobación de un plexo normativo moderno en materia de datos personales. Los proyectos van y vienen pero ninguno logra salir del Congreso para hacerse ley. Chile fue el primer país latinoamericano en aprobar una ley de privacidad relacionada con el mundo digital en el año 1999 y ya desde el año 1992 contaba con una obra de doctrina pionera que explicaba la protección de datos personales para América Latina cuando nadie por estos lugares todavía sabía bien lo que era regular el procesamiento de datos personales (ver Jijena Leiva, Renato, Chile, la Protección Penal de la Intimidad y el Delito Informático, Editorial Jurídica de Chile, 1992). A veces parece que ser los primeros no es garantía. En el otro extremo tenemos el ejemplo de Brasil que estaba atrasado con sus normas (salvo por haber acuñado el término habeas data en su Constitución) y que finalmente logró aprobar una ley muy compatible con el estándar internacional del GDPR o RGPD. Claro, ahora el desafío para Brasil está en implementar la ley y hacerla efectiva en el día a día, tema nada menor si se tiene en cuenta que en materia de datos personales hay una gran brecha entre el dicho y el hecho.


Es realmente interesante prologar una obra escrita por estudiantes de Derecho, que han investigado bajo la guía de un reconocido profesor de Derecho Informático. Uno puede ver cómo las ganas de descubrir si las reglas jurídicas, siempre detrás de la tecnología, cubren o no un nuevo fenómeno, afloran detrás de cada trabajo. 


Creo que los estudios de derecho informático y de Internet, dan un poco de “aire fresco” a la formalidad que tienen las otras ramas del Derecho. Convengamos que muchos de nuestros sistemas jurídicos se basan en conceptos e institutos legales que tienen varios siglos de antigüedad, e incluso algunos se remontan al Derecho Romano. Es entendible entonces que las nuevas generaciones encuentren atractivo estudiar estos temas que son un claro desafío a las reglas existentes. Es entendible también que se preocupen por que el Derecho avance y recepte las nuevas tecnologías en la sociedad que les tocará vivir.


En fin, esta obra sirve para demostrar que las nuevas generaciones de juristas tienen mucho para aportarnos y que también podemos aprender de ellos, algo que siempre encuentro cuando leo una tesina o trabajo de un alumno de grado. Y también sirve para revalorizar el trabajo de los profesores en la materia, que ayudan a que estos trabajos vean la luz. Estos son los primeros intentos de investigar seriamente en pregrado sobre los temas actuales de las nuevas tecnologías. Bienvenidos los alumnos que se animan a internarse en las lagunas del Derecho Informático para encontrar nuevas islas. 


Pablo A. Palazzi

Profesor de Derecho 

Universidad de San Andrés

Director del Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés

Buenos Aires, julio de 2021


viernes, julio 09, 2021

Canada reconoce el derecho al olvido

Una corte de apelaciones canadiense acaba de reconocer el derecho al olvido en canada. El fallo fue dictado el 8 de julio de 2021. No resuelve la cuestion en forma definitiva porque reenvia el caso a lo que decida el Comisionado de Privacidad, pero la respuesta final es que PIPEDA se aplica al buscador.


miércoles, julio 07, 2021

Prologo a la obra de Bielli - Ordoñez - Titulos ejecutivos electrónicos (La Ley, 2021) por Santiago J. Mora y Pablo A. Palazzi

 PROLOGO

El recorrido en el uso de los documentos digitales, firmas electrónicas y firmas digitales en el comercio, la administración pública y el poder judicial en la Argentina ha sido un recorrido definitivamente sinuoso. 
Más allá de que las primeras y principales normas datan del año 2001, con el dictado de la Ley N° 25.506 de Firma Digital, y sin perjuicio de su inmensa utilidad para los abogados y la sociedad toda, sus disposiciones y las equivalencias dispuestas tardaron mucho tiempo en ser internalizadas. 
En primer lugar, y en un primer momento, los conceptos de documento digital, firma electrónica y firma digital no pudieron ser plena y fácilmente entendidos, por cuanto se trataban de conceptos nuevos y muy técnicos cuya delimitación era muchas veces un desafío para la mayoría de nosotros, máxime si se encaraban desde un enfoque netamente técnico (sin incluir el análisis jurídico) o si se encaraban desde un enfoque netamente jurídico (sin incluir el análisis técnico). Salvo casos puntuales, no existió a nivel local una acabada difusión de estas cuestiones, con el enfoque interdisciplinario necesario, que sirviera para poder entender a fondo la caracterización, la utilidad y los límites de cada una de estas herramientas.
Por otro lado, las distintas reglamentaciones que siguieron a la Ley de Firma Digital no siempre fueron del todo claras y consistentes. Además, muchas de estas reglamentaciones en un comienzo parecieron incluso desconfiar de la propia tecnología que tenían que regular. Por citar un ejemplo, la reglamentación necesaria para hacer operativa a la firma digital recién llegó en 2007, con la decisión administrativa N° 6/07, la cual estableció un régimen muy rígido y oneroso que no permitía además un uso pleno de la herramienta, haciendo muy difícil la presencia de certificadores licenciados y muy limitada la utilidad de los certificados digitales que ello emitían. 
En este contexto, pasaban los años y todo daba la impresión de que los conceptos en cuestión se estaban volviendo viejos antes de haber llegado a vivir plenamente: Cada vez había un menor interés de la gente por entenderlos, y cada vez había menos obras académicas enfocadas en los mismos.
Este escenario comenzó a cambiar a partir del año 2014 (aunque siguen dándose marchas y contramarchas), cuando la decisión administrativa N° 927/14 modificó la anterior 6/07, flexibilizando el régimen de licenciamiento y permitiendo un amplio uso de los certificados digitales. 
Luego, comenzaron a verse distintos actos administrativos que reflejaron en la generalidad de los casos (aunque no siempre) una fuerte intención del Estado Nacional en promover el uso de este tipo de herramientas.
En este sentido, y en primer lugar, debe mencionarse que el Código Civil y Comercial, que comenzó a entrar en vigencia en agosto de 2015, incluyó algunos avances en la materia, como por ejemplo su artículo 1836, que trata sobre la “desmaterialización e ingreso en sistemas de anotaciones en cuenta” en relación a los títulos valores. 
Asimismo, debe observarse lo dispuesto por la Ley 27.349, de Apoyo al Capital Emprendedor, de marzo de 2017, cuyo Título III creó las “Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)”, y entre otras cuestiones permitió que dichas sociedades se constituyan por medios digitales, que los libros societarios correspondientes sean llevados de manera digital, que los poderes que otorguen sus representantes puedan ser otorgados en protocolo notarial electrónico, etc. (ello sin perjuicio de que el pleno uso de todo esto se haya visto luego limitado, entre otras cosas, por la acción u omisión de distintas autoridades de aplicación locales).
Tampoco puede obviarse lo dispuesto por las Leyes Nros. 27.444, 27.445 y 27.446, de Simplificación y Desburocratización, de junio de 2018, las cuales -entre muchas otras cosas- modificaron la Ley de Firma Digital derogando su artículo 4 (que establecía una serie de casos en los cuales las disposiciones de dicha ley no eran aplicables), y modificaron la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito, el Decreto-ley 5.965/63 de Letra de Cambio y Pagaré, y la Ley 24.452 de Cheques, ajustando las referencias a las firmas de los distintos sujetos intervinientes a los efectos de permitir el uso de la firma electrónica avanzada.
En este contexto, se menciona también que en marzo de 2019 el PEN modificó el decreto reglamentario de la Ley de Firma Digital, con el dictado del Decreto N° 182/19, mediante el cual se estableció la posibilidad de otorgar poderes digitales en el marco de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), se dispuso que la firma digital satisface el requerimiento de certificación de firma establecido para firma ológrafa en todo trámite efectuado ante la administración pública nacional (norma cuya redacción fue modificada en paralelo a un reclamo judicial presentado por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires), y reguló (aunque quizás con alguna obscuridad) el régimen de los llamados “Prestadores de Servicios de Confianza”. 
Asimismo, debe mencionar también que durante este tiempo, por un lado, el PEN creó la llamada “Plataforma de Firma Digital Remota”, para facilitar el acceso a los certificados digitales y para hacer más ágil el uso de la firma digital; y, por el otro lado, el RENAPER desarrolló herramientas de validación biométrica que puso a disposición de bancos, empresas fintechs, y el comercio en general, para robustecer los sistemas de firmas electrónicas (permitiendo una mejor identificación de las personas que pasarían a utilizar dichas firmas). En este mismo sentido, la UIF comenzó a permitir la identificación remota por parte de los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 25.246 de Lavado de Dinero, y el BCRA tomó una importante cantidad de medidas, entre las cuales se incluye la habilitación del depósito electrónico de cheques físicos, la reglamentación de los cheques digitales (o “ECHEQs”), la autorización la apertura de cuentas bancarias de manera no presencial, la autorización de operación de bancos 100% digitales, etc.  
Más allá de que (insistimos) este proceso de digitalización no ha sido del todo uniforme, el mismo se profundizó con la cuarentena dispuesta para enfrentar el COVID-19 a partir del año 2020, en cuyo marco resultaron de una inmensa utilidad los avances y reformas que se habían producido en los últimos años y resultó necesario profundizarlo y ampliarlo. En este sentido, durante la cuarentena, el poder judicial avanzó con la plena digitalización de los procesos judiciales, se reguló la receta digital, se reguló la educación a distancia, se reguló el teletrabajo, la IGJ autorizó las actas de directorio digitales aunque no se hubieran previsto en los correspondientes estatutos, se modificó el régimen de los contratos de garantía recíproca permitiendo el uso de firmas electrónicas avanzadas y tecnología blockchain, etc.
Mucho se ha avanzado en los últimos años pero mucho falta aún por hacer. Entre otras cuestiones, en muchos casos las leyes procesales, nacionales y locales, siguen con la lógica del documento en papel y la firma manuscrita, lo cual limita la posibilidad de permitir y dar curso a muchos reclamos vinculados a negocios digitales. Además, falta también avanzar con la reglamentación e implementación de los pagarés y letras de cambio digitales, tal como se hizo ya con los cheques digitales.
En este contexto es que obras como la presente resultan imprescindibles.
Gastón Bielli y Carlos Ordoñez son dos de los más importantes referentes nacionales en la actualidad en lo que hace a la difusión de estos conceptos. Además tienen un profundo conocimiento práctico sobre la materia, por lo que han podido identificar cuáles son los aspectos que hoy están limitando el desarrollo de estos conceptos en el ejercicio de la profesión, y han podido proponer alternativas para su resolución que no sólo cumplen con altísimos requerimientos teóricos sino que también configuran inteligentes planteos prácticos, teniendo especialmente en consideración el real impacto de todo esto. 
En particular, en el presente caso, Gastón Bielli y Carlos Ordoñez han volcado toda su capacidad de análisis y de trabajo, en un inmenso esfuerzo, para entender y explicar la situación existente con relación a los títulos valores digitales y su ejecución en la República Argentina.
La obra hace un completo análisis de los muchos temas vinculados a la materia, y con una gran claridad y profundidad. En particular, y entre otros muchos asuntos, la obra comienza describiendo en general el régimen de los procesos ejecutivos y los conceptos de documento digital, firma electrónica y digital; luego avanza con el análisis de los contratos de préstamos electrónicos, los contratos de tarjeta de crédito online, los títulos valores electrónicos, el requisitos de autosuficiencia, la preparación de la vía ejecutiva de este tipo de instrumentos, el análisis de las defensas y excepciones posibles en estos casos; y cierra con unas muy relevantes reflexiones personales de los autores y perspectivas futuras.
Es un verdadero placer y un destacado orgullo para nosotros el realizar el prólogo de esta obra que sin duda será una obra de referencia sobre los temas que aborda. 
Pablo A. Palazzi y Santiago J. Mora